Es inverosímil que el deterioro de la salud de la mujer y su muerte hubieran sido hechos repentinos o aislados o causados por acontecimientos impredecibles que las autoridades no hubieran podido evitar. Se constata que las autoridades no proporcionaron el nivel de protección necesario que les habría permitido evitar el deterioro de la salud de la afectada y su muerte prematura.

La expulsión de migrantes y solicitantes de asilo es “colectiva” si se obliga a extranjeros, como grupo, a abandonar un país, “excepto cuando tal medida se tome sobre la base de un examen razonable y objetivo del caso particular de cada extranjero del grupo”. El propósito de la normativa es, por lo tanto, evitar que los Estados expulsen a ciudadanos extranjeros sin examinar sus circunstancias personales y sin permitirles presentar sus argumentos en contra de la expulsión.

La única opinión negativa de un abogado ante la Corte de Casación no constituía, en las circunstancias del caso, una razón válida para eximir a las actoras de acudir a la Corte de Casación. No dieron a los tribunales nacionales la oportunidad de prevenir o corregir en el orden jurídico interno la presunta violación de la Convención de la que se quejan ante este Tribunal.

Los demandantes no hicieron valer sus intereses con diligencia: sólo interpusieron demandas civiles en el marco del proceso penal tres años y medio después de la presunta infracción, pocos días antes de que expirara el plazo de prescripción aplicable a la misma. En estas circunstancias, hay que tener en cuenta que disponían de otros recursos para hacer valer sus reclamaciones civiles.

La autorización para proceder con el tratamiento fue otorgada al final de un proceso de toma de decisiones que sufrió la omisión de información esencial sobre los deseos de la actora, los cuales habían sido registrados por escrito en diferentes formas y momentos.

Había llegado a España en 2001 y fue expulsado en 2018.

El juez de instrucción amplió demasiado el alcance de su investigación y las autoridades judiciales de control no redefinieron los límites del encargo del perito para cumplir con la misión del juez. Estos límites de investigación inadecuados se vieron agravados por la falta de implementación del marco procesal protector al que le daba derecho la condición de abogada de la demandante.

Todas las disposiciones de la Convención y sus Protocolos deben interpretarse de manera que garanticen derechos prácticos y efectivos y no teóricos e ilusorios. La sentencia contra el demandante, combinada con el retraso en la introducción de nueva legislación, había creado una inseguridad jurídica que le perjudicaba.

El tribunal concluyó que la normativa impugnada imponía una carga significativa a los acusados en los procedimientos de decomiso sin considerar un vínculo causal entre los activos y la conducta delictiva.

El derecho italiano no ofrece garantías adecuadas y efectivas contra los abusos a personas que han sido sometidas a una medida de interceptación pero que, al no ser sospechosas ni acusadas de estar implicadas en un delito, no eran partes en el proceso. En particular, no había ninguna disposición que permitiera a esas personas solicitar a una autoridad judicial una revisión efectiva de la legalidad y necesidad de la medida.