Las medidas provisionales son de carácter excepcional y proceden solo cuando los solicitantes se enfrentan a un riesgo real de daño irreversible.
Los políticos tienen la obligación de controlar el contenido de las declaraciones publicadas en sus cuentas públicas con el fin de combatir el discurso de odio.
La prohibición de la explotación comercial de las tierras forestales de los demandantes fue desproporcionada y les impuso una carga individual excesiva.
Los efectos de la divulgación de los correos electrónicos en la vida privada fueron limitados, y los mensajes solo se divulgaron en el marco de un procedimiento de acceso restringido.
Las autoridades nacionales no realizaron un ejercicio de ponderación adecuado entre el derecho a la libertad de expresión del demandante y los objetivos legítimos perseguidos, de conformidad con los criterios asentados por el TEDH.
Las formas de expresión utilizadas con fines humorísticos están protegidas por el Convenio, pero dicha protección está sujeta a límites.
No procede equiparar las sentencias del TEDH con las recomendaciones o dictámenes de los distintos organismos internacionales en materia de derechos humanos.
Los Estados tienen la obligación de situar el interés superior del niño en el centro de todas las decisiones que afecten a su salud y desarrollo.
Los abusos sexuales cometidos contra niños sin cuidados parentales e internados en una institución caen dentro del ámbito de aplicación del artículo 3 del Convenio sobre prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes.
Actualmente hay otras 10 demandas interestatales pendientes ante el Tribunal, cuatro de las cuales han sido presentadas por Ucrania contra Rusia.
