Para que el sistema de petición individual del Convenio funcione efectivamente es imperativo que los solicitantes puedan comunicarse libremente con el tribunal sin ninguna presión de las autoridades para retirar o modificar sus denuncias.

La reclusión del demandante en régimen de aislamiento de 2012 a 2016 en prisiones que no podían proporcionarle la atención adecuada, combinada con las medidas disciplinarias adoptadas contra él que en ocasiones implicaban el uso de esposas, deben haber exacerbado el sufrimiento causado por su enfermedad mental, constituyendo un trato inhumano y degradante en el sentido del artículo 3 del Convenio.

Las autoridades nacionales no demostraron de manera convincente en el razonamiento de sus decisiones que, al rechazar la reclamación del demandante por despido improcedente, se había logrado un justo equilibrio entre su libertad de expresión y el derecho de su empleador a proteger los intereses legítimos de la empresa.

No se demostró suficientemente la existencia de un atentado a la dignidad y al honor de la profesión de juez. En sus decisiones, los tribunales nacionales no otorgaron a la libertad de expresión del demandante el peso y la importancia que tal libertad merecía a la luz de la jurisprudencia del TEDH.

La mera naturaleza temporal de una relación laboral no basta para justificar el trato menos favorable de los trabajadores con contrato de duración determinada. La flexibilidad inherente a este tipo de contrato de trabajo no se ve afectada por la comunicación de las causas de despido.

El demandante no probó debidamente que existieran motivos serios y probados para creer que si fuera devuelto a Rusia correría un riesgo real y presente de ser sometido a un trato contrario al artículo 3 del Convenio esto es, prohibición de la tortura y de tratos inhumanos y degradantes. Así, la ejecución de la medida de expulsión respecto del demandante no violaría, en las circunstancias del presente caso, esas garantías.

Debían establecerse en la ley salvaguardias y criterios para evitar abusos y garantizar la proporcionalidad de la medida. Sin embargo, la ley que regulaba la conservación de datos vigente en el momento de la condena del demandante no contenía ninguna disposición que definiera el alcance y la aplicación de la medida.

Los tribunales suizos habían limitado el derecho de los demandantes a acceder a un tribunal de tal manera que se había menoscabado la esencia misma del derecho. Por tanto, el Estado transgredió su discreción (margen de apreciación). Era responsabilidad del Estado garantizar que el proceso se llevara a cabo con rapidez.

La protección del bienestar animal es un valor ético al que las sociedades democráticas contemporáneas conceden una importancia creciente. La protección de la moral pública, a la que se refiere el artículo 9 del Convenio, no puede entenderse como destinada únicamente a proteger la dignidad humana en el ámbito de las relaciones interpersonales.

Presentada por el abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal, que reclama una condena de 20.000 euros.