Los efectos negativos que la terminación del mandato había tenido en sus vidas privadas no cruzaron el umbral de gravedad necesario para aplicar el artículo 8 del Convenio. No hubo ningún impacto significativo en sus ingresos ni se cuestionó su desempeño profesional.

La sentencia del Tribunal Constitucional equivale a una injerencia en la intervención para la cual la demandante cumplía las condiciones requeridas y cuya ejecución ya había comenzado, creando así una situación que privó al demandante de garantías adecuadas contra la arbitrariedad. Se obligó a la demandante a viajar al extranjero para abortar, e incurrir en costes considerables y a alejarse de su red de apoyo familiar, lo cual debió haber tenido importantes consecuencias psicológicas para ella.

El Estado polaco se excedió en su discrecionalidad y no cumplió con su deber de garantizar que los solicitantes tuvieran un marco legal específico que previera el reconocimiento y protección de sus uniones. Esta omisión tuvo como resultado la incapacidad de los demandantes para regular aspectos fundamentales de sus vidas y constituyó una violación de su derecho al respeto de su vida privada y familiar.

Los demandantes fueron capaces de asumir una posición dominante sobre las mujeres que habían reclutado y de abusar de su vulnerabilidad para explotarlas con el fin de proporcionar servicios pornográficos, incluso mediante engaños. Además, habían utilizado la “servidumbre por deudas” y la coerción en diversas formas, entre otras tácticas, como medios para controlar a sus víctimas.

Los tribunales se limitaron a reproducir las conclusiones de la autoridad de registro sin proporcionar ningún análisis jurídico ni realizar una investigación judicial independiente. Así, los motivos para denegar el registro de la organización no fueron pertinentes ni suficientes. Por lo tanto, la interferencia en la libertad de asociación no había sido necesaria en una sociedad democrática.

La asociación demandante no interpuso un procedimiento contencioso administrativo ni alegó que tal recurso fuera inaccesible o ineficaz. Por lo tanto, incumplió la obligación establecida en el Convenio Europeo de utilizar primero todos los recursos disponibles a nivel nacional antes de llevar su caso ante este Tribunal.

La falta de adopción y publicación por parte del Gobierno de la metodología necesaria para conceder la indemnización a la que tenían derecho las asociaciones demandantes podría considerarse como una injerencia en el ejercicio efectivo del derecho protegido por el artículo 1 del Protocolo 1 en términos de una falta de garantizar el ejercicio de ese derecho.

La condena se confirmó estrictamente sobre la base de las pruebas obrantes en el expediente del caso, al establecerse correctamente los hechos y aplicado debidamente la ley. El artículo periodístico y las grabaciones de vigilancia publicadas no violaron el derecho del actor a un juicio justo ni su presunción de inocencia.

Los tribunales búlgaros se refirieron a la penalización de los ingresos derivados de la prostitución en la legislación nacional y a la «buena moral» al desestimar la reclamación de compensación. A este respecto, el delito establecido en el artículo 329.1 del Código Penal, de obtener ingresos de forma prohibida o inmoral, refleja actitudes sociales obsoletas heredadas del régimen comunista totalitario.

Frente al edificio de la Duma Estatal (cámara baja del Parlamento ruso) y en la plaza Pushkin. Los tribunales nacionales no examinaron si la ubicación alternativa ofrecida habría permitido que la protesta tuviera un impacto significativo. Las autoridades deberían haber garantizado que cualquier ubicación alternativa permitiera que el evento se llevará a cabo dentro de la vista y el oído de su público objetivo.