Las penas establecidas en la ley por infracción a sus normas, no se aplicarán a quien entregue voluntariamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública tales dispositivos dentro del plazo de ciento veinte días contado desde la entrada en vigencia de la ley, siempre que no se haya formalizado una investigación penal en su contra.
Consagra la conectividad digital como un derecho básico, entregando al Estado las herramientas y facultades para garantizar este derecho a la ciudadanía.
El proyecto de ley, que modifica normas sobre protección de los derechos de los consumidores, cumple su segundo trámite constitucional y se encuentra en tabla para ser analizado por la Sala del Senado.
Las tarifas definitivas para las comunicaciones telefónicas de larga distancia serán establecidas mediante fórmulas tarifarias que señala la ley.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso por estar mal formulado.
La Sala del Senado aprobó por amplia mayoría la iniciativa originada en una moción de los senadores Carmen Gloria Aravena, María José Gatica, Alejandro Kusanovic, Manuel José Ossandón y Kenneth Pugh.
Así lo propone una moción de un grupo transversal de congresistas que buscan proteger a menores de edad de las amenazas del mundo digital.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago, que condenó a Entel a pagar a la demandante la suma de $66.173.333, por los trabajos impagos, y descartó la indemnización de perjuicios solicitada.
El tribunal estableció que los descuentos hechos por la empresa no constituyen resarcimiento de los perjuicios causados, sino que sólo son los correspondientes legalmente por la interrupción del servicio contratado.
El despliegue y desarrollo de la matriz digital nacional, en su conjunto, requiere de una adecuada sinergia y coordinación entre los proveedores de infraestructura de telecomunicaciones, por una parte, y el Estado, por otra.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
