El máximo Tribunal advierte la falta de claridad en lo que concierne a los mecanismos de resolución de controversias que se consultan a esta Corte.

El máximo Tribunal ordenó al Tribunal de alzada resolver, como en derecho corresponda, el reclamo de ilegalidad deducido por la empresa, debiendo procederse a una nueva vista y fallo por ministros no inhabilitados.

El Tribunal de alzada mantuvo la sanción de 1.000 UTM aplicada a la empresa por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por no dar cumplimiento a contrato de concesión.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Juzgado de Letras de Coquimbo, tras establecer que el alcalde actuó dentro de sus facultades legales al dictar el decreto de demolición.

A causa del incremento sustantivo de reclamos de los usuarios por la calidad del servicio.