La libertad de expresión está consagrada constitucionalmente y guiada por el binomio “libertad y responsabilidad”, es decir, el ejercicio de este derecho no puede ser utilizado como un verdadero escudo protector para la práctica de actividades ilícitas.

Dictamina el Contralor que en la medida que uno de los intervinientes de la recepción, envío o conversación los entregue voluntariamente en un proceso sumarial con dicha finalidad, y pueda acreditarse que se refieren o dicen relación con la presunta víctima o el presunto victimario se deben valorar como medios de prueba en sumarios administrativos.