Si bien la Ley N°21.342 es aplicable a entidades del sector privado, no es óbice para exigir un instrumento similar en las entidades de la administración centralizada y descentralizada del Estado y Municipalidades.

Las normas de protección a la maternidad son un conjunto de derechos integrantes de la seguridad social, por lo que deben interpretarse de forma de posibilitar su cumplimiento cabal.

La autoridad determinó los funcionarios a quienes resulta aplicable el nuevo artículo 206 bis del Código del Trabajo.

El proyecto iniciado en moción de un grupo transversal de senadoras fue despachado a la Cámara Baja, para cumplir su segundo trámite.

La Ley que establece el protocolo de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo, yergue como un estándar general, por ende, no resulta forzoso para los órganos de la administración su ejecución directa, siendo una norma igualmente aplicable.

Debe adoptar, dentro de sus posibilidades fácticas y logísticas, las medidas tendientes a adecuar sus procesos clasificatorios y evitar así que no se realicen o se suspendan indefinidamente. Mientras que, solo en casos que ello sea imposible, debe repetirse la evaluación del periodo anterior.

Se busca proteger a los trabajadores y a quienes pueden ser afectados por un contagio.

El Tribunal de alzada estimó que en el caso de la única docente que acreditó realizar la solicitud de continuar con teletrabajo (la que fue rechazada por la Corporación) no se cumple el primer requisito del artículo 1° inciso primero de la ley 21.342, “en la medida que la naturaleza de sus funciones no permite la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo”.

La moción busca resguardar la salud de las mujeres trabajadoras embarazadas, en caso de declararse un estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, o una alerta sanitaria, con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa.

Aún con acuerdo de las partes de la relación laboral no es procedente su extensión.