El Proyecto considera la construcción y habilitación de un total de 411 unidades habitacionales en una superficie de 14,9 hectáreas junto a su respectiva urbanización.
Se hace presente al Tercer Tribunal Ambiental que, una vez reflotado el muelle, se tiene previsto proceder con el retiro de maxibags que hayan podido encontrarse bajo el muelle.
La sentencia indica que, indica que la reclamante no ha señalado, ni siquiera de forma indiciaria, en qué lugar se realizarían las ceremonias ancestrales que dice serán afectadas por el Proyecto, como tampoco ha indicado en qué manera se producirá esa afectación.
La resolución señala que, respecto al daño inminente, se ha podido constatar la presencia de maquinaria destinada a la extracción de áridos fuera de la zona de extracción contemplada por el proyecto.
La demanda señala que no se ha dado cumplimiento a la legislación ambiental vigente, especialmente el DS N° 90/2000 de la SEGPRES que fija la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marítimas y continentales superficiales.
La resolución señala que, pendiente el pronunciamiento de fondo es razonable atender a un criterio de prevención que informa la legislación ambiental y con ello resguardar un interés ambiental jurídicamente tutelado.
Los reclamantes alegan que el proyecto adolece de falta de información esencial, toda vez que durante el procedimiento de evaluación del proyecto se han producido omisiones e irregularidades en la definición del Área de Influencia para el Medio Humano y Pueblos Indígenas.
La Superintendencia señala que, aunque existiera infracción en la operación de algunos de los centros de cultivos, esta habrá prescrito entres del ingreso de la denuncia, ya que en 8 de los 10 centros el ciclo productivo finalizó tres años antes del ingreso.
El compostaje es una actividad industrial, por lo que se requiere que sea ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La acción deducida se encuentra admitida a trámite por el Tercer Tribunal Ambiental; otorgando a la parte reclamada el plazo de 10 días para informar.
