El Tribunal consideró que el rechazo del Programa de Cumplimiento por parte de la SMA se ajustó a derecho ya que no cumplía con los criterios de integridad y eficacia.
En un total de cuatro jornadas se realizaron las audiencias de conciliación, pruebas y alegatos en demanda por daño ambiental interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de dos inmobiliarias en la zona costera de Valdivia.
Según el fallo, la resolución reclamada no vulneró los derechos a la participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
El Tribunal determinó que no se logró acreditar una relación de causalidad entre la acción efectuada por la demandada y el daño ambiental alegado.
La demanda busca que la Municipalidad adopte medidas de reparación y mitigación por el impacto de las actividades en el vertedero Lonquimay.
La reclamación buscaba anular la resolución que resolvió requerir al titular del proyecto el ingreso al SEIA.
Esta semana, fiscalizadores de la Superintendencia del Medio Ambiente realizaron una inspección en terreno, luego de que ingresaran denuncias contra el proyecto que se encuentra ejecutando obras de despeje de vegetación, y otros, en terrenos ubicados al interior del humedal.
La reclamante Sociedad China Xuan busca dejar sin efecto la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que impuso una multa de 5,1 Unidades Tributarias Anuales por infracción a la Norma de Emisión de Ruido.
El Tribunal concluyó que se configuraron todos los elementos de la responsabilidad por daño ambiental y el demandado deberá implementar medidas de reparación.
En la audiencia, las comunidades indígenas que presentaron la reclamación en la causa R-31-2023, se refirieron a los vicios y defectos que, a su juicio, tuvo el procedimiento de participación ciudadana; indicando además que se omitió un proceso de consulta indígena y que existiría una errada determinación del área de influencia del proyecto y por lo tanto de sus impactos.
