Los reclamantes alegan, principalmente, que el proyecto no es una modificación de otro proyecto, sino que uno nuevo y debió ser evaluado como tal. Así, el proyecto ha ingresado como un supuesto traslado del “Proyecto 2”, pero en la realidad no se pretende lo que indica.

El CDE señala que las fiscalizaciones de las autoridades ambientales y sectoriales permitieron establecer que la demandada no mantuvo las condiciones de seguridad apropiada en el Centro de Engorda de Salmones.

El proyecto considera la construcción y habilitación de un total de 411 unidades habitacionales en una superficie de 14,9 hectáreas junto a su respectiva urbanización.

El proyecto busca construir un área de asolamiento y habilitar un embarcadero para la acogida de pasajeros. Su construcción contempla una superficie de 741 metros cuadrados en el borde del La Villarrica, en un sector de La Poza al sur este del lago.

El Proyecto considera la construcción y habilitación de un total de 411 unidades habitacionales en una superficie de 14,9 hectáreas junto a su respectiva urbanización.

Se hace presente al Tercer Tribunal Ambiental que, una vez reflotado el muelle, se tiene previsto proceder con el retiro de maxibags que hayan podido encontrarse bajo el muelle.

La sentencia indica que, indica que la reclamante no ha señalado, ni siquiera de forma indiciaria, en qué lugar se realizarían las ceremonias ancestrales que dice serán afectadas por el Proyecto, como tampoco ha indicado en qué manera se producirá esa afectación.

La resolución señala que, respecto al daño inminente, se ha podido constatar la presencia de maquinaria destinada a la extracción de áridos fuera de la zona de extracción contemplada por el proyecto.

La demanda señala que no se ha dado cumplimiento a la legislación ambiental vigente, especialmente el DS N° 90/2000 de la SEGPRES que fija la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marítimas y continentales superficiales.

La resolución señala que, pendiente el pronunciamiento de fondo es razonable atender a un criterio de prevención que informa la legislación ambiental y con ello resguardar un interés ambiental jurídicamente tutelado.