Los funcionarios públicos no quedan excluidos de la posibilidad de solicitar la indemnización de lucro cesante, por el hecho de no estar considerada como una de las partidas indemnizatorias que reconoce el Código del Trabajo, pues de lo contrario, se reconocería al Estado como empleador la facultad de mantenerse al margen de ley respecto de los derechos que corresponden a sus trabajadores.
La Corte ordenó que el procedimiento se retrotraiga hasta el momento de tener que notificar válidamente el Decreto de término de contrato, sin referirse a la procedencia del acto posterior de cobro de la póliza de garantía.
El conflicto propuesto es de índole contractual por lo que debe ser resuelto en un procedimiento de lato conocimiento y no mediante la vía cautelar de urgencia que representa el recurso de protección.
La interpretación de un contrato excede con creces el ámbito de competencia de la magistratura en una acción de protección, máxime si existe un acuerdo para resolver las controversias del contrato en arbitraje.
La resolución exenta que dispone el termino anticipado de la contrata de la actora no se ajustó a los requisitos de los actos administrativos, constituyendo un acto arbitrario e ilegal.
No existe un actuar ilegal o arbitrario por la entidad edilicia, toda vez que ejerció las herramientas legales dispuestas frente al incumplimiento, sin que se acreditara una conducta abusiva de su parte.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El libelo no mencionó hechos que eventualmente puedan constituir una vulneración de las garantías indicadas en el artículo 20 de la Constitución.
La recurrida incurrió en conductas de autotutela al dar por terminado el contrato de manera automática, recuperando la bodega arrendada sin la voluntad del actor y sin la intervención de los tribunales competentes.
La imposibilidad de participar en nuevas licitaciones públicas no resulta una afectación a la garantía del actor, por cuanto puede desarrollar su actividad con otras entidades.
La decisión de la institución fue suficientemente fundada, pues los servicios de la actora dejaron de ser necesarios atendido su mal desempeño laboral.
