El crimen organizado y el terrorismo se ha transformado en una de las amenazas más grandes para la estabilidad democrática y, debido a ello, para los partidos políticos por lo que se hace indispensable instituir mayores exigencias para sus militantes.

Desde la perspectiva legal, el procedimiento contra Tsunami Democràtic se inició a finales de 2019, identificando a la estructura y financiación del movimiento como ejes centrales de la investigación. La Guardia Civil ha implicado a figuras prominentes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), incluida su secretaria general, Marta Rovira, actualmente en Suiza, en el liderazgo de dicho movimiento.

En el momento de la entrada vigor de la reforma (23 de diciembre de 2010) el delito ya había alcanzado los veinte años de prescripción, ya que el criminal atentado tuvo lugar el día 9 de febrero de 1976, por lo que la prescripción se ganó el día 10 de febrero de 1996. Por lo expuesto, la cuestión suscitada no merece quedar sujeta a la consideración de una investigación previa.

La Comisión de Seguridad Ciudadana sigue aprobando el articulado de la iniciativa que separa las funciones del Ministerio del Interior en dos carteras, concentrándose la nueva instancia ministerial en el ámbito de la seguridad pública.

Una comisión de investigación creada por el parlamento de un Estado miembro en el ejercicio de su facultad de control del poder ejecutivo debe respetar, en principio, el RGPD. Ciertamente, esta normativa no se aplica a los tratamientos de datos personales efectuados por las autoridades estatales en el marco de una actividad destinada a preservar la seguridad nacional.

La instancia de Seguridad Ciudadana aprobó, por mayoría de votos, la propuesta de diputados RN y UDI para fijar en las funciones del nuevo órgano la elaboración de una estrategia nacional contra el terrorismo.

La Sala respaldó la resolución que solicita ejercer, en la macrozona sur, todas las herramientas que establece el ordenamiento jurídico, con el objeto de alcanzar dicho objetivo.

Si bien los medios de aplicación de la medida fueron estrictos, habían sido apropiados para su propósito. El demandante no hizo ninguna solicitud a las autoridades para que se le permitiera salir temporalmente del área cubierta por el toque de queda por motivos familiares o relacionados con el trabajo. Además, el control judicial de la medida abarcó también su proporcionalidad.

La Fiscalía busca revertir la orden de la jueza de garantía que dispuso la entrega de los nombres y domicilios de los testigos protegidos a la defensa del imputado.

La percepción de pánico, el miedo, los disparos y el estrés postraumático sufrido, formaban parte del trauma experimentado por los testigos de las consecuencias del delito y no las lesiones de una víctima directa de la comisión de un delito.