Resolvió que la recurrida, al aplicar indebidamente la compensación, vulneró el derecho del recurrente a percibir sus remuneraciones y feriado proporcional que obtuvo con ocasión de una sentencia laboral favorable, ya que dicha compensación no es aplicable a créditos no tributarios como los derivados del Crédito con Garantía Estatal.
Declaró que la aplicación de la compensación tributaria que permite la Ley Orgánica del Servicio de Tesorerías, no resulta plausible para extinguir las obligaciones contraídas al amparo de la Ley N° 20.027, ya que ella establece una regulación especial no sólo para el financiamiento de estudios de educación superior, sino que, también, para la obtención del pago de los créditos garantizados, a través de la retención de la devolución de impuestos a la renta.
Cadena farmacéutica estima que las normas objetadas vulneran la garantía del debido proceso y propiedad, permitiendo al organismo administrativo constituirse en una “comisión especial” que autotutela sus intereses.
La multa sanitaria impuesta a la ex constituyente se encuentra actualmente bajo el conocimiento del Undécimo Juzgado Civil de Santiago, tribunal ante el cual la actora puede efectuar alegaciones y peticiones sobre la materia discutida.
Si bien los artículos 200 y 201 del Código Tributario establecen el plazo de 3 años de prescripción para las acciones que tienen en la materia tanto el SII como la TGR, al haberse imputado el abono al impuesto adeudado, tal acto tuvo la virtud de interrumpir el plazo de prescripción.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
