La decisión de la recurrida fue adoptada de acuerdo con la normativa legal vigente, por lo que no se vislumbra que el acto sea arbitrario ni ilegal.
Los recurrentes alegaron que, conducta denunciada pugna con las reglas establecidas para la compensación establecidas en el artículo 1656 del Código Civil, pues la deuda en cuestión no era actualmente exigible.
Se le entrega a la Tesorería General de la República las herramientas que le permitan cobrar las multas asociadas a dichas infracciones.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la recurrida al retener los montos sin pedir información fidedigna.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que, el contenido del recurso apuntó a que se habría vulnerado el debido proceso legal, lo que no es materia de protección.
La Corte de Apelaciones de Santiago señaló que el recurso es extemporáneo; que se trata de una acción de lato conocimiento y que no se encuentran acreditados de manera alguna que los hechos invocados.
El máximo Tribunal estableció que el servicio público no logró acreditar cobro preferente de deuda tributaria.
