En un esfuerzo por prevenir el consumo indebido de sustancias, la Corte Suprema realizó el sorteo que determinará qué funcionarios judiciales deberán someterse a los test de drogas. Entre 550 y 650 pruebas se realizan anualmente en todo el Poder Judicial.
No se advierte la forma en que la realización de los exámenes toxicológicos pueda afectar sus garantías constitucionales, cuya modalidad se corresponde con el practicado a otros funcionarios de algún poder del Estado y se trata de medidas establecidas para transparentar la función parlamentaria.
El Tribunal de alzada rechazó la solicitud incluida en recurso de protección, permitiendo la implementación del examen a diputados y diputadas en ejercicio y la difusión del listado de parlamentarios a quienes se aplica la prueba.
