Existe una identificación precisa de la desheredada que era sujeto de imputación al tiempo de hacerse la desheredación. No hay ninguna disposición específica en la Ley, ni pronunciamiento en la jurisprudencia, ni doctrina, por los que se exija la notificación de la desheredación al afectado por ella.
La magistratura autorizó el cumplimiento de un fallo civil dictado allende Los Andes, en el cual, se reconocía como herederos universales a los hijos argentinos de un causante que poseía acciones en una sociedad anónima chilena. El máximo Tribunal estimó que la sentencia solicitada no contraviene el orden público chileno, por lo que autorizó su cumplimiento ante el tribunal correspondiente.
Los requirentes pretendían hacer valer una sentencia dictada en Uruguay, que los reconocía como herederos de unos causantes que eran dueños de dos propiedades situadas en Chile, pero además, solicitaron al máximo Tribuna que ordenara la inscripción de dicho fallo en el Registro Nacional de Posesiones efectivas, petición que excede los fines del exequátur al tratarse de una gestión voluntaria.
La causante desheredó a una de sus hijas, por estimar que fue injuriada gravemente al ser demandada de interdicción, configurando la causal de indignidad contenida en el artículo 1208 N°1 del Código Civil. La recurrente no pudo obtener la reforma del testamento, pues la magistratura estimó como válida la causal de dignidad invocada, desestimando su petición.
El inciso 2° del artículo 1018 establece una exigencia precisa, cual es, el mencionar en el testamento la circunstancia de no saber o no poder firmar el testador, disposición legal que el tribunal no puede omitir, aunque el testador sea ciego, debido a que es una de las formalidades esenciales del acto solemne.
La aplicación del sistema vigente no permite configurar por vía interpretativa una nueva causa autónoma de desheredación basada exclusivamente, sin más requisitos, en la indiferencia y en la falta de relación familiar, puesto que el legislador no la contempla.
El recurrente pretendía la inscripción de un usufructo vitalicio, en circunstancias que el causante, por medio del testamento, le otorgó la adjudicación preferente de un inmueble para hacerse del pago de su derecho real de herencia.
La iniciativa tiene por objeto regular el testamento de libre disposición, para que, cumpliendo determinados requisitos, el testador pueda disponer libremente de sus bienes.
El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia que rechazó la demanda.
Una cláusula del testamento otorgaba un inmueble en Las Condes como legado si la asignataria cumplía dentro del plazo de 30 días con la condición de donar a la heredera sus derechos en un predio ubicado en El Tabo, hecho que se perfeccionó con el tramite de la insinuación, momento en que comienza a computarse el plazo dispuesto por el causante.
El recurrente quiso argumentar la presunta mala fe de los concurrentes a un remante esgrimiendo la existencia de un testamento que no fue incorporado oportunamente al proceso, hecho vedado en sede de nulidad sustancial.
