La orden ejecutiva establece que los hospitales deben recopilar datos detallados de los servicios médicos prestados, incluyendo el número de altas hospitalarias y visitas a emergencias realizadas por personas inmigrantes indocumentadas, así como el costo de estos servicios.
La Corte resolvió no emitir un pronunciamiento sobre los méritos relacionados con la Primera Enmienda, basándose en su determinación de que ambos circuitos cometieron errores en sus evaluaciones. Así, el fallo de la Corte Suprema subraya la necesidad de un análisis adecuado y diferenciado entre impugnaciones y en su forma aplicada cuando se evalúan las leyes bajo el marco constitucional, remitiendo los casos para una reconsideración adecuada conforme a esta distinción.
Los demandantes interpusieron una demanda contra una serie de autoridades locales. Alegaron que la retirada de los libros constituía una violación de su derecho a la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda.
La Junta de Libertad Condicional de Texas llevó a cabo una revisión exhaustiva de los documentos relacionados con el caso, incluyendo informes policiales, registros judiciales, declaraciones de testigos y entrevistas con personas involucradas en los hechos. Tras esta revisión, la Junta recomendó por unanimidad el indulto para Perry.
Sostuvo que la Constitución de los Estados Unidos y la jurisprudencia previa de la Corte Suprema otorgan al gobierno federal la autoridad exclusiva para regular la inmigración. Adujo que el aumento del flujo migratorio no constituye una invasión y que permitir que los estados sustituyan la ley federal sería antitético y contrario a los principios constitucionales.
Los jueces deben decidir si las plataformas de redes sociales deben ser tratadas como operadores comunes, sujetos a regulaciones limitadas sobre la discriminación de contenido, o si tienen más similitudes con los periódicos, que gozan de una amplia libertad editorial.
Sostiene que estas empresas han violado la ley estatal, al no asumir los gastos relacionados con el cuidado de los inmigrantes, destacando que la ciudad no puede enfrentar sola los desafíos creados por las “estrategias políticas de Texas”.
Acusa a Pfizer de participar en «actos y prácticas falsas y engañosas al hacer afirmaciones sin fundamento sobre su vacuna Covid-19, en violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas», según un comunicado de prensa compartido en redes sociales.
Las leyes sometidas a escrutinio prohíben a las empresas de redes sociales censurar a los usuarios que expresan sus opiniones políticas, incluso si los estos violan las políticas de la plataforma en el ejercicio de sus derechos, lo que esencialmente limita la capacidad de las compañías para filtrar publicaciones que puedan ser consideradas ofensivas.
La estructura fluvial fue instalada para controlar los flujos migratorios provenientes de México, los cuales se han incrementado en el último tiempo. El gobierno federal ha acusado a Texas de conferir un tratamiento inhumano a los inmigrantes y de contravenir la Ley de Apropiación de Ríos y Puertos.
La píldora fue aprobada por el organismo regulador hace 20 años, y desde entonces se ha convertido en el medicamento abortivo más utilizado en Estados Unidos. Por ello, el fallo generó gran interés público y la oposición de las organizaciones a favor del aborto. El gobierno anunció que apelará la sentencia.
