Proyecto de ley que mejora las garantías procesales, protege los derechos de las víctimas de delitos sexuales y evita su revictimización, es examinado por el Tribunal Constitucional.
Amplía el plazo de prescripción de delitos de carácter sexual, tipifica la figura de incitación al suicidio y determina medidas de protección para evitar la revictimización.