El ordenamiento jurídico pone a disposición de las instituciones de educación superior un completo sistema de normas y procedimientos para exigir en sede civil lo adeudado en razón de una prestación de servicios.
De otra parte, la Ley N°21.091, que entró en vigencia entró en vigencia el 29 de mayo de 2018, no puede aplicarse retroactivamente.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la casa de estudios al condicionar la titulación del recurrente al pago de la deuda.
