El Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que no exige el reembolso íntegro de los costes efectivamente soportados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas cuando permiten la interceptación legal de comunicaciones electrónicas por las autoridades nacionales competentes, siempre que esa normativa no sea discriminatoria, proporcionada y transparente.

Dado que la asociación entre la demandante y su hijo no se establece mediante vínculos económicos o de capital o por la existencia de intereses comunes que los vinculen en el momento de la adopción de los actos impugnados, es evidente que la inclusión del nombre de la demandante en las listas en disputa se basa de facto únicamente en el vínculo familiar entre la demandante y su hijo.

Los períodos de descanso diario y semanal constituyen dos derechos autónomos que persiguen objetivos distintos. El descanso diario permite al trabajador apartarse de su entorno laboral durante un número determinado de horas que no solo deben ser consecutivas, sino también deben suceder directamente a un período de trabajo. El descanso semanal permite que el trabajador descanse en cada período de siete días.

Cuando un sujeto pasivo que media en la prestación de un servicio por vía electrónica operando, por ejemplo, con una plataforma «on-line» de redes sociales, está facultado para autorizar la prestación del servicio o el cargo de este al cliente o bien para fijar los términos y las condiciones generales de la citada prestación, debe considerarse que es el prestador de los servicios a efectos de la normativa del IVA.

El “área central” de la actividad judicial de los jueces de instancia inferior no se extiende a influir en las decisiones de instancias superiores o a observar personalmente sus audiencias orales. Esta área de la función judicial incluye la búsqueda real de justicia y la determinación de hechos y de procedimientos, y encontrar justicia y garantizar la paz jurídica.

Las autorizaciones judiciales deben observar los requisitos procedimentales que permitan al interesado conocer la motivación de la resolución adoptada frente a él, bien mediante su lectura, bien mediante la notificación de la motivación, a fin de permitir que defienda sus derechos en las mejores condiciones posibles.

Los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros están obligados a adoptar una resolución de restitución del menor en un plazo especialmente breve y estricto. En principio, esa resolución debe ser adoptada como muy tarde en un plazo de seis semanas a partir del momento en que se conozca del asunto.

Las restricciones a la libertad de establecimiento pueden estar justificadas a condición de que persiga un objetivo legítimo y respete el principio de proporcionalidad. Así, en Austria, los colegios privados confesionales completan el sistema de educación pública, que es interconfesional, dado que facilitan a los padres la elección de la educación de sus hijos en función de sus convicciones religiosas.

El titular de la marca está facultado para prohibir el uso por un tercero, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando ese uso tiene lugar en el tráfico económico, se realiza para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada y menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca.

La normativa europea busca garantizar, entre otras cosas, una mayor protección con respecto a los tratamientos de datos sensibles, entre los que figuran los datos biométricos y genéticos, puesto que pueden generar riesgos importantes para las libertades y los derechos fundamentales.