La exigencia de redacción clara y comprensible de una cláusula de un contrato de prestación de servicios jurídicos, debe interpretarse de manera extensiva. Esto requiere que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

El derecho de acceso es necesario para permitir al interesado ejercer, en su caso, su derecho de rectificación, su derecho de supresión («derecho al olvido») y su derecho a la limitación del tratamiento. Para garantizar su efectividad, el interesado debe tener, en particular, derecho a ser informado de la identidad de los destinatarios concretos cuando sus datos personales ya hayan sido comunicados.

Que Airbnb sea sometida a una retención fiscal del 21% sobre las cantidades abonadas por los arrendatarios a los arrendadores, no vulnera el principio de libre prestación de servicios.

La normativa comunitaria debe interpretarse en el sentido de que una ley nacional, adoptada después de la entrada en vigor de dicha Decisión en el Estado miembro, que supedite la reagrupación familiar entre un trabajador turco residente legalmente en ese Estado y su cónyuge al requisito de que supere un examen que acredite un determinado nivel de conocimientos de la lengua oficial de dicho Estado, constituye una nueva restricción.

Quienes consultan a un abogado pueden esperar razonablemente que sus comunicaciones permanezcan privadas y confidenciales.

No es imprescindible examinar el conjunto del sistema sanitario o penitenciario del Estado requirente. Lo que importa es verificar si la persona reclamada tendrá garantizada la asistencia médica que pueda precisar.

La normativa debe interpretarse en el sentido de que se opone a que se ordene el retorno o la expulsión de un migrante que se encuentre ilegalmente en el territorio de un Estado miembro y padezca una enfermedad grave, cuando existan motivos fundados y se crea que la persona estaría expuesta, en el tercer país al que sería expulsada, a un riesgo real de aumento significativo, permanente y rápido de su dolor.

No obstante, y de acuerdo al principio de proporcionalidad, los tribunales deben determinar si son o no adecuados la carga de trabajo y el coste que va ocasionar la creación de nuevas pruebas, pudiendo utilizar como criterio el periodo respecto del cual se ha solicitado la exhibición de pruebas.

Dado que el motivo de discriminación, religión o convicciones, abarca a todos los trabajadores de la misma manera, un enfoque segmentado de ese motivo tendría como consecuencia crear subgrupos de trabajadores y menoscabar así el marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

Para considerar un vuelo con conexión directa no se requiere que las diferentes aerolíneas estén vinculadas por una relación jurídica. Se le reconoció compensación por 600 euros.