No hace imposible en la práctica o excesivamente difícil la preservación del efecto útil del procedimiento de remisión una norma nacional que permite que, entre la fecha en que se plantea una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia y aquella en que este responda, continúe el procedimiento principal para realizar determinadas actuaciones procesales.

Si bien la organización de la administración de justicia es competencia de los Estados miembros, el ejercicio de esta facultad debe respetar el derecho de la Unión Europea. Por ello, el régimen disciplinario aplicable a los jueces que puede tener que aplicar este derecho debe presentar las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen se utilice como instrumento de control político de sus actividades.

La gestión de una ausencia imprevista, por enfermedad o fallecimiento, de uno o varios miembros del personal indispensables para realizar un vuelo, incluso poco tiempo antes de su salida, está intrínsecamente ligada a la planificación de la tripulación y de los horarios de trabajo, dicha ausencia es inherente al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo y no califica como “circunstancia extraordinaria”.

El poder adjudicador debe verificar si las ofertas presentadas contienen indicios que puedan suscitar la sospecha de que son anormalmente bajas. Ello sucede, en particular, si resulta dudoso, por una parte, que una oferta respete la legislación en vigor y, por otra parte, que el precio propuesto incluya todos los costes derivados de los aspectos técnicos de la oferta.

La legislación europea se opone a una normativa nacional que establece una presunción de comunicación al público basada en la presencia de instalaciones de sonorización en medios de transporte. Una normativa de esa índole puede llevar a imponer el pago de una remuneración por la mera instalación de esos equipos en esos medios de transporte, aun cuando no exista ningún acto de comunicación al público.

La falta de toda flexibilidad por parte del Estado miembro puede imposibilitar la observancia de los plazos legales establecidos. Por consiguiente, la reagrupación familiar podría verse sometida a requisitos adicionales más difíciles de cumplir, contraviniendo el objetivo de la normativa europea de prestar una especial atención a la situación de los refugiados.

Un Estado miembro puede asignar a la referida autoridad la competencia para imponer a esos operadores la devolución de las cantidades que hubieran percibido incumpliendo las exigencias relativas a la protección del consumidor, en particular las relativas a las obligaciones de transparencia y de facturación correcta.

En caso de que el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que las disposiciones nacionales relativas al tratamiento de datos personales en el ámbito laboral no respetan las condiciones y los límites establecidos por el artículo 88, apartados 1 y 2, del Reglamento General de Protección de Datos, deberá comprobar además si dichas disposiciones constituyen una base jurídica contemplada en otro artículo de este.

Los Estados miembros no pueden, tampoco únicamente respecto a la utilización de estos equipos en establecimientos abiertos al público y habida cuenta de los riesgos particulares de seguridad contra incendios, imponer, a efectos de la comercialización y de la puesta en servicio de tales equipos, requisitos adicionales a los previstos en la normativa europea.

Las disposiciones protegen los intereses particulares del comprador individual de un vehículo de motor frente al fabricante cuando éste esté equipado con un dispositivo de desactivación prohibido. Por tanto, los Estados miembros están obligados a prever que el comprador goce de un derecho a ser indemnizado por el fabricante.