Consideró que el recurso de protección no es procedente, ya que el procedimiento administrativo no ha finalizado, y la resolución impugnada está pendiente de control por parte de la CGR mediante la Toma de Razón. En consecuencia, al no existir un acto definitivo, no corresponde modificar lo resuelto ni intervenir en el procedimiento administrativo en curso.
La Contraloría General de la República cambia su criterio respecto de las modificaciones de contratos sujetos a la ley de compras públicas y al trámite de toma de razón, que ahora deben sujetarse al control previo de juridicidad.
La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, desde que se registró en su hoja de vida una medida disciplinaria expulsiva con la consecuente inhabilidad de ingreso a la administración pública, sin que previamente se hubiere tomado razón por la Contraloría de la resolución municipal, la que solo fue registrada.
El acto impugnado no adolece de ilegalidad alguna, así como tampoco de arbitrariedad, dado que fue pronunciado por la autoridad facultada para disponerlo, en un caso previsto por la ley, con observancia de las formalidades legales y existiendo mérito que lo justificó.
La Contraloría no puede de manera arbitraria dilatar sus procedimientos y no informar al administrado.
La medida disciplinaria aplicada al actor fue ejercida dentro de las competencias y facultades reglamentarias que le asisten a la institución.
La resolución Nº7, de 2019, de la Contraloría determinó someter tales decretos al trámite de toma de razón, atendida la trascendencia de la materia y de sus efectos, a fin de cautelar la regularidad de dichos actos.
El órgano fiscalizador manifestó que, en dicha decisión se han tenido en consideración, además, los principios de eficacia, eficiencia y economicidad, que obligan a racionalizar el uso de los recursos destinados al ejercicio de dicha potestad de control, privilegiando los controles de reemplazo.
