Si bien los medios de aplicación de la medida fueron estrictos, habían sido apropiados para su propósito. El demandante no hizo ninguna solicitud a las autoridades para que se le permitiera salir temporalmente del área cubierta por el toque de queda por motivos familiares o relacionados con el trabajo. Además, el control judicial de la medida abarcó también su proporcionalidad.
El máximo Tribunal estableció que los hechos que el Juzgado de Garantía de Iquique dio por probados, en procedimiento simplificado, no satisfacen los requisitos para configurar el delito de poner en peligro la salud pública, ya sea en forma concreta o hipotética.
El recurrente señaló que las autoridades no se preocupan de cuidar a la ciudadanía, sino de encauzar recursos a que la gente guarde estricta cuarentena.
El artículo 318 del Código Penal trata una figura de peligro hipotético que requiere de una real idoneidad para generar el riesgo.
El máximo Tribunal del país arguyó que el sujeto, condenado en primera instancia por el Juzgado de Garantía de Cochrane, cometió una infracción administrativa y no un delito y que, con su conducta, no puso en riesgo la salud pública.
El gobierno holandés impuso desde el 23 de enero un toque de queda para intentar evitar la propagación del coronavirus, pero varios grupos convocaron multitudinarias protestas contra la medida. A través de un comunicado, el tribunal señaló que la “emergencia” que justifica el toque de queda no se ha podido demostrar.
El máximo Tribunal rechazó los recursos de casación en el fondo deducidos en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la de primer grado.
