El máximo Tribunal tuvo por acreditada la inocencia del recurrente, quien fue condenado por presuntos delitos contra la seguridad interior del Estado, luego de obtener su confesión mediante la tortura efectuada por personal militar.

El fallo fue emitido por el órgano castrense en noviembre de 1973, condenando a la pena de muerte al cónyuge de una de los solicitantes y al resto de los actores a diversas penas privativas de libertad. La sentencia impugnada ya había sido revisada previamente por el máximo Tribunal, que la declaró nula y absolvió a todos los reclamantes.

En la sentencia, la magistrada rechazó las excepciones de reparación integral y prescripción presentadas por el Fisco, tras establecer que Toledo Rivera fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible en sede penal y civil.

El fallo dictado en 1974, condenó a tres particulares por delitos contra la seguridad interior del Estado, no obstante, las confesiones de los hechos que sirvieron de sustento a la decisión, fueron obtenidas luego de extensas jornadas de tortura a las que fueron sometidos los actores.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 1973, en el marco de la denominada “operación peineta”, que buscaba capturar a opositores del régimen militar en la zona cordillerana entre Concepción y Valdivia. Sin embargo, en fallo dividido, el máximo Tribunal sustituyó de oficio la pena privativa de libertad por la remisión condicional de la pena, aduciendo razones humanitarias en atención a los derechos que posee el condenado al ser un adulto mayor.

Los allanamientos y detenciones realizadas tuvieron lugar en el marco de la investigación de un atraco a una vagoneta que transportaba valores en La Paz, Bolivia, en el año 2001.

En un segundo juicio, el tribunal desestimó la existencia de torturas, aunque condenó por apremios ilegítimos. El abogado defensor, indicó que “no renunciamos a ejercer ningún recurso (…) y hasta llevar el caso a la justicia internacional si fuera necesario”.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia de primer grado que acogió la acción.

El ministro Cancino procesó a Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Bertalino Segundo Castillo Soto y Sergio Hevia Febres, en calidad de autores de los delitos cometidos cuando la víctima Catalán Moncada, solo tenía 16 años de edad y cursaba primero medio en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso.

Constituye una ley penal en blanco propia que no satisface el estándar constitucional al no describir el núcleo esencial de la conducta. Vulnera lo dispuesto en los incisos 8° y 9° del artículo 19 N°3 de la Constitución, infringiendo el principio de reserva legal (lex scripta) y de tipicidad (lex certa).