Decisión adoptada con la prevención de la magistrada Guerrero Rosen, quien concurriendo a la condena por el delito previsto en el artículo 150 A del Código Penal, estuvo por imponer a los sentenciados penas de 7 años, seis meses y un día de presidio.

Los argumentos del Juzgado de Instrucción y la Audiencia Provincial se acomodan al canon constitucional de la atipicidad de las conductas denuncias, la prescripción de los posibles delitos entonces sancionados y la validez de la Ley de Amnistía.

Eduardo Patricio Millán Manríquez, profesor de física detenido y sometido a torturas en recintos de la Armada, en 1975.

El máximo Tribunal estableció que no corresponder acoger la excepción de pago por las indemnizaciones concedidas por la Comisión de Prisión Política y Tortura, las que tienen un carácter asistencial que no privan a las víctimas del derecho a instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido.