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La Corte IDH condenó a Ecuador por la violación a los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y al trabajo de un ex empleado público que fue removido sin causa.
La Corte IDH condenó a Ecuador por la violación a los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y al trabajo de un ex empleado público que fue removido sin causa.
La Cuarta Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que estableció la responsabilidad del empleador en el siniestro.
Lo descubrieron porque en agosto de 2021 los ordenadores de la entidad mercantil iban muy lentos y tenían problemas de acceso a internet, por lo que necesitaron los servicios de una empresa informática.
El máximo Tribunal descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que estableció la responsabilidad simplemente conjunta de las empresas, desestimando el pago solidario.
El máximo Tribunal descartó falta o abuso grave en la resolución que confirmó que el asunto corresponde que lo conozca y resuelva un tribunal con competencia en materia civil.
La magistrada estableció la responsabilidad de la demandada por el error de diagnóstico y tratamiento brindado a trabajador con luxofractura de columna cervical en el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de Santiago, en septiembre de 2019.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, pronunciada por el 5° Juzgado Civil de Santiago, solo en aquella parte que rechazó la demanda deducida en contra de Enami.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al no existir disparidad de resoluciones sobre la materia que la parte recurrente pretende uniformar.
El siniestro no puede ser calificado como accidente de trayecto, por cuanto no ocurrió en los supuestos normativos establecidos por el legislador, tales son, en el trayecto directo entre lugar de trabajo y su habitación o viceversa.
En este orden de ideas, puedo afirmar que a partir de la sanción del Convenio OIT 190 estamos frente a un nuevo concepto de acoso y violencia laboral de fuente supralegal que viene a ampliar el concepto que hasta el presente ha sido delineado a través de aportes tanto normativos de rango inferior como esbozos doctrinarios y precedentes jurisprudenciales que deberán adecuarse o reinterpretarse.
La iniciativa quedó en condiciones de ser remitida a la Cámara de Diputadas y Diputados para que se pronuncie sobre las modificaciones propuestas en el Senado y que fueron fruto de un acuerdo transversal.