La tesis jurídica que asumió la sentencia impugnada sobre la materia es la que mejor se aviene a la normativa en cuestión, puesto que fue sólo a partir del diagnóstico de 22 de junio de 2012, que el actor tomó conocimiento que la incapacidad producida por la silicosis que lo afecta alcanza al 55%, y no a un 27,5%, como se le había indicado previamente.