La Ley Karin (Ley 21.643) ha establecido un marco legal robusto para prevenir y sancionar el acoso y la violencia laboral, fortaleciendo la protección de la salud mental en el trabajo. Aunque existían disposiciones previas en el Código del Trabajo y la Ley N°16.744 para abordar riesgos psicosociales, esta normativa visibiliza aún más estas problemáticas e impone nuevas obligaciones preventivas para los empleadores.
La legislación no logró un equilibrio justo entre los intereses contrapuestos de los trabajadores, que buscan ejercer sus derechos sindicales, y los del empleador y la comunidad en general.
La definición de este derecho incluye evitar el envío de mensajes fuera del horario laboral, limitar las reuniones fuera de ese horario y eliminar la sensación de obligación de responder en cualquier momento y lugar. Estos aspectos colaterales de la digitalización laboral pueden evitarse gracias a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, que reconoce el derecho a la desconexión digital.
La iniciativa eleva a rango legal las obligaciones existentes a nivel reglamentario, otorga una acción popular para la denuncia de tales infracciones, da garantía y concreción al deber general de protección del artículo 184, específicamente, respecto de las medidas sanitarias y de higiene, y establece un mandato legal para que todas las licitaciones, convenios y contratos entre la autoridad respectiva y empresas de transporte público contengan, al menos, una cláusula que asegure el conocimiento y cumplimiento de las obligaciones detalladas en el nuevo artículo 193 bis nuevo.
Por medio de una resolución, se insta a fortalecer al Sernac para que pueda tramitar y resolver procedimientos sancionatorios; así como dictar normas e instrucciones de carácter general de naturaleza obligatoria.
No hay que olvidar que sigue siendo un ambiente laboral y que lo que ocurra allí, puede ser objeto de despido.
No obstante, no tienen derecho a permisos para exámenes prenatales.
La Decimotercera Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el 21° Juzgado Civil de Santiago, en la parte que rebajó la multa.
El proyecto reduce los meses de carencia para ser beneficiario de este seguro, se aumenta el número de giros y el monto del segundo de éstos, y se automatiza la prestación en situaciones de catástrofe y alerta sanitaria, entre otras medidas.
La norma, enfocada en las remuneraciones del sector público, además, permite un ajuste de grados con el fin de mantener el orden jerárquico cuando los grados inferiores hayan alcanzado al superior, en términos de sueldo base, producto de reajustes diferenciados.
Las propuestas, elaboradas por personas y organizaciones de la sociedad civil, debían reunir 10 mil patrocinios ciudadanos para ser discutidas por los integrantes del órgano que redactará la propuesta de nueva Carta Magna.
