Actualmente establece sanciones únicamente para quienes resulten positivos en el test, pero no para los que se nieguen a someterse al control, lo que afecta la transparencia y la legitimidad de las instituciones. Por ello se hace necesario establecer que si algún diputado o diputada se niega al test de control de consumo de drogas se le aplicará la misma sanción que se impone a quienes arrojen positivo en dicho examen, esto es, autorizar el levantamiento del secreto bancario.

El agente aprehensor ingresó “por accidente” al domicilio del acusado, sin poder demostrar posteriormente la existencia de la supuesta arma de fuego que motivó el operativo, por ende, toda la prueba reunida para condenar al recurrente es ilegal y no debe ser considerada en el nuevo juicio en su contra.

El acusado viajaba como copiloto, y fue registrado por los agentes de Carabineros que observaron cuando el conductor del vehículo en que aquel se desplazaba no respetó el signo pare, encontrando en poder del encartado cocaína, marihuana y éxtasis.

El requerido formó parte en 2016 de una agrupación dedicada al tráfico de estupefacientes, enviando droga desde Perú hacia Europa mediante servicios de encomienda con el fin de eludir los controles policiales.

El letrado no asistió a una audiencia de coordinación de juicio oral, justificándose de forma posterior. No obstante, y pese a que el acusado manifestó en reiteradas ocasiones que deseaba volver a ser representado por su abogado de confianza, el tribunal no autorizó el patrocinio y designó de oficio al defensor penal público, infringiendo con ello el debido proceso.

El acusado fue observado por personal de Carabineros mientras vendía papelillos con estupefacientes afuera de su domicilio, indicio habilitante que permitió a los funcionarios el registro del inmueble, levantando evidencia incriminatoria contra el recurrente, que se dedicaba al comercio de pequeñas cantidades de droga.

La encartada fue detenida en un servicentro de la ruta 5 norte, mientras se dirigía hacia la capital con un cargamento de cocaína listo para ser comercializado. La magistratura estimó que el reconocimiento de la acusada y los coimputados mediante el levantamiento de imágenes de seguridad del local de comida en que repostó es un acto autónomo permitido a la policía, que no requiere autorización expresa debido a las diligencias previas autorizadas por el tribunal en contra de los partícipes.

El requerido es acusado en su tierra natal de enviar paquetes con cocaína hacia Inglaterra, Escocia e Italia, mediante una empresa de servicios de encomienda, alterando ropa y cajas para ocultar la sustancia y lograr su ingreso en Europa.

El máximo Tribunal anuló una condena por tráfico de estupefacientes, y en su lugar, condenó a la imputada por el delito de tráfico en “pequeñas cantidades”, al estimar -en su contexto- que al momento de la incautación los agentes pesaron la droga en estado húmedo y al interior de sus contenedores, lo que arrojó un aumento en la cantidad de droga encontrada a la acusada, que no se condecía con la real cantidad de estupefacientes que poseía.

El acusado intentó anular el castigo impugnando la validez del informante, no obstante, la Corte Suprema estimó que el uso de este tipo de agente obedeció a una investigación en curso, autorizada por el tribunal, y que otorgó datos precisos respecto de la identidad del imputado, ubicación, y actividades delictivas.