La encartada fue detenida en un servicentro de la ruta 5 norte, mientras se dirigía hacia la capital con un cargamento de cocaína listo para ser comercializado. La magistratura estimó que el reconocimiento de la acusada y los coimputados mediante el levantamiento de imágenes de seguridad del local de comida en que repostó es un acto autónomo permitido a la policía, que no requiere autorización expresa debido a las diligencias previas autorizadas por el tribunal en contra de los partícipes.

El requerido es acusado en su tierra natal de enviar paquetes con cocaína hacia Inglaterra, Escocia e Italia, mediante una empresa de servicios de encomienda, alterando ropa y cajas para ocultar la sustancia y lograr su ingreso en Europa.

El máximo Tribunal anuló una condena por tráfico de estupefacientes, y en su lugar, condenó a la imputada por el delito de tráfico en “pequeñas cantidades”, al estimar -en su contexto- que al momento de la incautación los agentes pesaron la droga en estado húmedo y al interior de sus contenedores, lo que arrojó un aumento en la cantidad de droga encontrada a la acusada, que no se condecía con la real cantidad de estupefacientes que poseía.

El acusado intentó anular el castigo impugnando la validez del informante, no obstante, la Corte Suprema estimó que el uso de este tipo de agente obedeció a una investigación en curso, autorizada por el tribunal, y que otorgó datos precisos respecto de la identidad del imputado, ubicación, y actividades delictivas.

A través de una acción como la de la especie, no puede pretenderse que se subrogue una decisión jurisdiccional precedida de debate. Ergo, se persigue por esta vía modificar una resolución emitida por el tribunal de ejecución competente.

Mediante la técnica de “entrega controlada”, personal de la PDI detuvo al acusado al momento en que recibía un paquete de cocaína de manos de un camionero argentino. El imputado intentó excusarse alegando que desconocía el motivo del viaje, y que solo era un “acompañante” del conductor del vehículo, y que había sido llevado al lugar con la intensión de comprar unos repuestos para un automóvil, no obstante, la magistratura tuvo por acreditado el dolo criminal del acusado, al observar que él era el contacto con el transportista para la entrega del alcaloide.

Carabineros de la ciudad de Antofagasta fueron alertados por un tercero, quien indicó que el acusado se encontraba en una intersección vendiendo pitos de marihuana, y entregó a los aprehensores una descripción pormenorizada de las vestimentas y accesorios que portaba el imputado; por lo que tal denuncia permitió válidamente efectuar un control investigativo al particular.

La magistratura estimó que el delito sancionado vulnera bienes jurídicos de carácter público, por lo que el reclamante no puede asilarse en el principio de unidad familiar para revertir el castigo.

Tribunal vulnera el principio de la “razón suficiente”, si no reflexiona acerca de cómo estimó que el acusado era culpable de tráfico de drogas, por el mero hecho de ser detenido en una habitación independiente al local donde se encontraron las sustancias ilícitas.

Agentes policiales controlaron al imputado, luego que un transeúnte anónimo les indicara que un sujeto se encontraba vendiendo “papelillos de pasta base” en una plaza de la comuna de El Quisco. Al dirigirse al lugar, los funcionarios encontraron a una persona que cumplía con la descripción entregada por el particular y controlaron su identidad, encontrando que portaba diversos papelillos para su venta, así como dinero en efectivo fruto del tráfico.