Si al impugnante no le gustó la manera en que se decidió y razonó por los jueces para desestimar su alegación, tal es un asunto diverso a que la explicación y fundamentación sea ilógica y atente contra el principio de la razón suficiente.

El imputado y conductor del vehículo puede, si así lo estima, aportar los datos de individualización de las personas con que se movilizaba para que se indague su versión de que la droga y arma no eran suyas.

El acusado viajaba de copiloto en un vehículo que fue fiscalizado por Carabineros, momento en que uno de los funcionarios percibió el hedor a cannabis y vio al imputado desprenderse de una bolsa que contenía marihuana, indicios suficientes para efectuar un control de identidad a todos los ocupantes del vehículo en atención al artículo 85 del Código Procesal Penal.

La policía envió al funcionario luego de observar a una persona salir con “unos sobrecitos blancos” desde la casa de la acusada, que al ser registrada con posterioridad tenía en su poder papelillos de pasta base y dinero en efectivo producto de la venta de los estupefacientes.

El máximo Tribunal revocó la sentencia del ministro instructor que inicialmente dio lugar a la extradición, al estimar que la acción penal se encuentra prescrita por transcurrir más de 10 años entre la comisión del hecho -en abril de 2012-, y la presentación de la solicitud de extradición de abril de 2023.

La sentencia incurrió en un error al calificar jurídicamente los hechos del modo que lo hizo, y no como fue solicitado por el persecutor penal en orden a que tales hechos debieron ser calificados conforme lo previsto en el artículo 3º de la Ley 20.000.

El acusado manejaba un automóvil sin respetar las normas de tránsito, lo que alertó a los agentes de un posible delito de conducción en estado de ebriedad. Al ser controlado, el acusado fue sorprendido transportando en el vehículo diversos papelillos de marihuana y dinero en efectivo producto de la venta de la sustancia.

El acusado intentó anular el fallo, indicando que la conducta de entregar un paquete y recibir dinero por ello constituye un acto neutro, pero el máximo Tribunal, en cambio, determinó que los agentes que detuvieron al imputado actuaron amparados en el artículo 85 del Código Adjetivo, pues luego de observar la presunta transacción de droga, se acercaron a verificar la efectividad de dicho indicio.

El Tribunal condenó, además, al acusado Germán Alfredo Soto Malig a dos penas de cumplimiento efectivo de 4 años de reclusión, en calidad de coautor de los delitos.

El máximo Tribunal confirmó la condena para uno de los miembros de la agrupación criminal, que gracias a una escucha telefónica fue detenido intentando ingresar al país cerca de 28 kilos de cocaína de alta pureza.