La actuación del agente encubierto se estima lícita, al haber flexibilizado el imputado su derecho a la intimidad cuando permitió el ingreso del efectivo a su vivienda, debiendo descartarse que la investigación realizada resultara arbitraria o desproporcionada.

Vecina de un sector de Concepción se acercó a personal policial que patrullaba la zona, e indicó que en una plaza del lugar una mujer con su acompañante se encontraba vendiendo drogas. Personal policial controló a los denunciados, incautándoles 105 papelillos de cocaína.

Personal policial acudió a un recinto comercial en Arica, alertados por un denunciante anónimo que acusó la venta de droga en el lugar, verificando todas las descripciones aportadas respecto del imputado y su ubicación, por lo que actuaron amparados por el artículo 85 del Código Procesal Penal.

Carabineros debe velar por el cumplimiento de la Ley de tránsito, y al observar una infracción a dicha norma, se encuentran facultados para efectuar un control vehicular. Asimismo, el hedor a químicos percibido por los funcionarios al interior del automóvil, es una circunstancia objetiva que habilita el control de identidad y registro de los pasajeros.

El imputado fue visto por personal de carabineros realizando un intercambio de dinero en la calle durante la madrugada, y al notar la presencia policial intentó huir del lugar, siendo detenido y controlado por los agentes, quienes encontraron en su poder más de 500 papelillos de pasta base y dinero en efectivo.

Personal de OS7 de Carabineros concurrió al domicilio del acusado y compró dos papelillos de cocaína, deteniéndolo en el lugar e incautando más de 200 gramos de la droga junto con especies para su comercialización y dinero en efectivo. El recurrente invocó la inviolabilidad del hogar, pero se estimó que el actuar policial se ajustó a derecho por obedecer a una investigación previa denuncia anónima por la venta de droga en el sector.

El máximo Tribunal confirmó la condena y descartó que se haya vulnerado la inviolabilidad de las comunicaciones, basada en una discrepancia entre la apertura de la encomienda por los policías, y la hora en que el Ministerio Público autorizó la diligencia, actuación que se ajustó a derecho por fundarse en una denuncia previa.

El requerido, que actualmente cumple una pena de 9 años de reclusión por tráfico de estupefacientes en la cárcel de Arica, fue condenado por la Corte de Roma a la pena de 8 años de presidio luego de intentar ingresar cocaína en paquetes ocultos en el aeropuerto de Milán. Se dispuso la entrega diferida del actor una vez terminada su condena en Chile.

Los argumentos del recurrente invocando auto cultivo y falta de un examen de pureza adicional a la prueba de campo, no fueron suficientes para sustentar la presunta ausencia de antijuricidad material y una errónea aplicación por el Tribunal Oral de los artículos 1 y 3 de la Ley N°20.000.

Si bien no es posible determinar la sentencia que el actor recibiría si fuera declarado culpable en Estados Unidos, sí tendría la oportunidad de ofrecer evidencia sobre cualquier factor atenuante, y el juez estaría obligado a tomar en cuenta las sentencias dictadas en casos análogos. También tendría derecho a apelar contra cualquier fallo impuesto.