El que fuera inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012 deberá llevar un brazalete electrónico durante un año, lo que le convierte en el primer expresidente francés obligado a cumplir una condena de arresto, aunque sea domiciliario.
En la audiencia de comunicación de no perseverar en el procedimiento, el magistrado acogió la solicitud de la defensa del parlamentario y decretó el sobreseimiento definitivo, al considerar que tras más de 6 años de investigación desformalizada, el ente persecutor no logró detectar ningún hecho constitutivo de delito.
Formó una asociación con su abogado y funcionarios judiciales para obtener información sobre las investigaciones penales en su contra, a través de escuchas telefónicas y otros medios ilegales. Si bien la defensa anunció que recurrirá el fallo vía casación, la condena constituye un duro golpe para sus futuras aspiraciones políticas.
La información que se busca no puede conseguirse sino a partir de los registros telefónicos solicitados, de suerte que sin ellos el esclarecimiento de los hechos se vería seriamente dificultado. Los elementos de investigación preexistentes a la medida y la relevancia del resultado perseguido.
Las propuestas buscan armonizar la tipificación de los delitos de corrupción en toda la Unión Europea, así como las sanciones previstas para estos ilícitos. Del mismo modo, prevén ampliar el catálogo de estos ilícitos y aumentar sus penas. Se espera que esta integración tenga alcances mundiales.
El ex mandatario es objeto de una nueva investigación penal por su presunta participación en hechos de corrupción, relacionados con contratos de obra pública. En la actualidad ya se encuentra en prisión preventiva por su fracasado intento de Golpe de Estado llevado a cabo en diciembre pasado, que le valió ser destituido por el Congreso Nacional.
Los requirentes estiman que la norma refutada infringe principios fundamentales del Derecho Penal amparados por la Constitución.
El concejal Karim Chahuán Cerna, fue imputado por la incitación a participar en un saqueo que se estaba realizando, el 29 de octubre de 2019, en el Mall Open la Calera, en un acto delictual en el marco del llamado “estallido social”, lo que se pudo determinar porque el llamado se hizo con el teléfono de cargo municipal.
En audiencia de cautela de garantías el magistrado acogió la solicitud formulada por la defensa del parlamentario, al no encontrarse condenado en alguna causa.
El Tribunal de alzada rechazó por nueve votos contra cinco la solicitud, tras concluir que de los antecedentes aportados por el Ministerio Público “no surge prueba suficiente que permita tener por acreditada la existencia de los hechos que en carácter reiterado se atribuyen al senador imputado, como tampoco aparece que aquellos satisfagan la calificación jurídica del tipo penal esgrimido por el acusador”.
En poco más de dos semanas volverá a ser juzgado por otras acusaciones.
