Según el ente persecutor, los imputados integran una red internacional dedicada al tráfico ilegal de migrantes venezolanos, a quienes cobraban sumas que fluctuaba entre los 450 y 700 dólares, para ingresarlos al territorio chileno por pasos no habilitados, tras un viaje que los traía desde su país natal, pasando por Colombia, Ecuador y Perú, hasta la frontera chilena.