El informe se basa en el marco normativo que regula la conducta de los jueces federales, el cual estipula que deben abstenerse de intervenir en casos en los que existan conflictos de interés. Asimismo, las disposiciones legales prohíben aceptar bienes o servicios de personas que puedan beneficiarse directa o indirectamente de las decisiones oficiales del funcionario.