La instancia fue creada con el objetivo de abordar cómo se vinculan las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado, profundizar la transparencia y fortalecer la agenda de probidad.

El Consejo Directivo de esa entidad cuenta con la facultad de determinar, a través de un reglamento orgánico, los cargos directivos que serán seleccionados por alta dirección pública y los cargos de exclusiva confianza.

Con un paquete amplio de propuestas, entre otras, aplicar obligaciones de transparencia a fundaciones, el Consejo para la Transparencia (CPLT) busca transformar la crisis generada por casos de eventuales irregularidades en una “oportunidad” e impulsar cambios estructurales pendientes.

Resulta imprescindible que la ciudadanía, autoridades y funcionarios conozcan las forma y procedencia del financiamiento de las organizaciones no gubernamentales que operan en nuestro país para efectos de prevenir y fiscalizar de mejor manera eventuales situaciones irregulares, como, por ejemplo, conflictos de interés, encubrimiento de actividades ilícitas, tráfico de influencia, entre otras.

Con el fin de resguardar el interés de la nación frente al traspaso de recursos públicos para la ejecución de programas sociales, actividades o cualquier iniciativa de apoyo a la comunidad o a un grupo determinado de personas.

Pese a que el procedimiento sumario no se encuentra afinado, el órgano  igualmente debe justificar y acreditar la causal de reserva o secreto invocada, y en particular, la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, lo que no se ha verificado.

El tiempo estimado por el órgano como necesario para la atención de la solicitud, no resulta desproporcionado siendo, por el contrario, abordable sin distraer indebidamente a los funcionarios del desarrollo de sus labores habituales.

La resolución no es de aquellas que pongan fin a la instancia administrativa, sino que una de naturaleza intermedia que da origen a un procedimiento que culminará con la aplicación o no de una multa, la que es reclamable para ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

Establece los principios y lineamientos de la participación ciudadana en esa cartera de Estado.

Pero rechazó inaplicabilidad de la CMF respecto de los artículos 5°, inciso segundo, y 10, inciso segundo, de la Ley N° 20.285.