Denuncia que las decisiones de traslado adoptadas por la autoridad penitenciaria no ha considerado el delicado estado de salud del interno, vulnerando su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.
Sin perjuicio, la Corte ordenó a Gendarmería adoptar todas las medidas para garantizar la integridad y seguridad del amparado y remitir la solicitud del traslado al Director Regional para su conocimiento y resolución. La clasificación de los internos, la decisión del módulo en que deben permanecer y su traslado a otras unidades penales, corresponden a decisiones a administrativas de Gendarmería.
