El máximo Tribunal estableció que la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, que declaró inadmisible el recurso de la institución penitenciaria, se adoptó con falta o abuso grave.

Rechazar la solicitud de traslado efectuado por una funcionaria de la institución sin atender a su situación familiar ni al informe favorable emitido por el Jefe de Zona que la misma autoridad había solicitado, configura un actuar arbitrario.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Temuco que había acogido la acción constitucional de amparo interpuesta por la Defensoría Penal Mapuche en favor de Emilio Berkhoff y que ordenaba su traslado desde el C.C.P de Biobío al C.D.P de Lebu. Con esta decisión el máximo Tribunal negó al condenado por delitos […]

El Consejo Técnico funda su decisión en antecedentes psicológicos y sociales; compromiso delictual del condenado, su actuar con funcionarios y comportamiento interno, y tendencia hacia conductas de igual naturaleza a la que fue sentenciado. Por lo que existe un alto grado de reincidencia en un sistema con mayor acceso al medio externo.

El artículo 90 A del Estatuto Administrativo impide el cambio de localidad del funcionario que denuncia a sus superiores jerárquicos, sin previa autorización por escrito del administrado.

El retardo en el ingreso al recinto no obedece a razones arbitrarias e ilegales, sino a la inexistencia de camas disponibles. Corte Suprema ordena habilitar módulo 117 del CDP de Valparaíso mientras la amparada es ingresada al hospital.

Recurrente objetó por vía tutelar la orden que lo trasladó de la Prefectura Biobío a la 45° Comisaría de Cerro Navia, no obstante, sus argumentos personales y familiares no lograron desvirtuar la decisión de sus superiores ni convencer a los jueces de fondo.

La Dirección Nacional de Personal de Carabineros se encuentra legalmente facultada para ordenar los traslados de los funcionario en atención a las necesidades policiales de la institución.

Interno deberá ser conducido nuevamente al recinto penal de origen, al no ser suficiente la justificación de Gendarmería para su traslado.

Se trata de servicios de transporte terrestre distintos de los regulados en los decretos N°212 de 1992 y N°80 de 2004 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.