Los funcionarios que cumplen con la obligación de denunciar no pueden ser objeto de traslado de localidad o de la función que desempeñen, sin autorización por escrito, desde la fecha de la denuncia hasta que se resuelva o hasta 90 días después de terminada la investigación.

No se puede intervenir en las decisiones de órganos administrativos que buscan dar continuidad al servicio que prestan.

La decisión de la autoridad se fundó en que el traslado de ese punto de captación se había efectuado con anterioridad, siendo oponible a la actora atendida su calidad de actual titular del derecho de aprovechamiento de aguas.

Debido a los conflictos entre el Jefe de Servicio y la actora, se debía cumplir con celo la obligación de fundamentación de dicha medida, lo cual no ocurrió en el caso.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.