La ley provincial obliga a las entidades a otorgar la cobertura total de las prestaciones básicas en ella enunciadas que necesitaren las personas con discapacidad afiliadas a ellas. Tal es el caso de las prestaciones solicitadas por la amparista; precisando además la citada ley nacional que, respecto a las prestaciones de rehabilitación, las entidades deben brindar la cobertura integral en todos los casos.