Entre las recomendaciones del informe se incluye la necesidad de incorporar medidas específicas para la protección de la infancia en los marcos legales y operativos contra la trata de personas. Asimismo, enfatiza la importancia de fortalecer los sistemas de justicia para abordar el trabajo forzoso y la trata transfronteriza.
Además, el gobierno indicó que la adopción internacional ya no se considera una solución sostenible para proteger los intereses de los menores. Según las autoridades del país, sus intereses se protegen mejor cuando pueden ser cuidados de manera segura en sus países de origen.
El Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado un acuerdo para que sean tipificados como delitos de trata de seres humanos el matrimonio forzado, la adopción ilegal y la gestación subrogada «con fines de explotación».
El juez no puede denegar la ejecución de una ODE únicamente porque la persona buscada sea una madre con hijos de corta edad a su cargo. En efecto, habida cuenta del principio de confianza mutua entre los Estados miembros, se presume que las condiciones de reclusión de una madre con hijos de corta edad en el Estado miembro emisor de la ODE están adaptadas a esa situación.
Tanto el concepto de violencia de género como el de trata de seres humanos son conceptos que han conocido, en el derecho internacional y también en el español, una importante evolución, y siguen inmersos en esa evolución.
No se puede negar la credibilidad subjetiva de quien afirma ser víctima de trata de personas, con ocasión de los mecanismos de protección a los que tendrá acceso por parte del Estado
Sí rechazáramos la posibilidad de la declaración judicial de ser «víctima de trata en juicio» y la práctica de prueba para su acreditación, sin que se juzgue ni se persiga a los tratantes, se haría inviable acudir a un recurso de revisión para anular la condena.
El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a la violencia, la amenaza, la privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio.
Cuando exista una sospecha razonable de que una persona ha sido víctima de trata, los Estados deben adoptar medidas adecuadas para protegerla.
La mayoría de las víctimas detectadas en la región son objeto de trata con fines de explotación sexual.
Es antiético y contrario a la dignidad que el Estado se beneficie para si con el decomiso del dinero generado con la explotación sexual de las víctimas.
