El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a la violencia, la amenaza, la privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio.

Cuando exista una sospecha razonable de que una persona ha sido víctima de trata, los Estados deben adoptar medidas adecuadas para protegerla.

La mayoría de las víctimas detectadas en la región son objeto de trata con fines de explotación sexual.

Es antiético y contrario a la dignidad que el Estado se beneficie para si con el decomiso del dinero generado con la explotación sexual de las víctimas.

La trata de personas y las prácticas análogas a la esclavitud son violaciones graves a los derechos humanos en cuanto a que −en distintas formas−, atentan contra el núcleo duro de los derechos fundamentales y cosifican a los seres humanos, convirtiéndoles en mercancías, sobre las que los tratantes ejercen los atributos de la personalidad.