El artículo 26 de la Ley N° 20.600, que crea los tribunales ambientales, dispone que son apelables únicamente las resoluciones que declaren la inadmisibilidad de la demanda, reciban la causa a prueba, o pongan término al proceso.
No existen suficientes argumentos para justificar el aumento de tribunales ambientales: el bajo número de causas y la heterogeneidad de regiones de donde provienen permite concluir que el sistema hoy funciona correctamente. Se forzará al Estado a más que triplicar los recursos que destina para continuar realizando exactamente la misma labor.
Tribunal Ambiental sostiene que sólo procede aprobar acuerdos en que el autor se obligue a implementar las medidas de reparación ambiental del daño causado, cumpliendo el acuerdo ofrecido con el principio de indemnidad.
Reclamante sostiene que acto administrativo vulnera su derecho de propiedad.
El funcionamiento de la planta de cerdos genera un elevado riesgo de afectación al recurso natural suelo.
La sentencia fue pronunciada por ministros que no concurrieron a la vista de la causa.
Se sobrestiman los alcances del “humedal urbano” que abarca un área superior a la técnicamente correcta, contrariando la definición legal de la Ley N° 21.202, lo que afecta los derechos a la propiedad, a desarrollar cualquier actividad económica, entre otros vicios formales del procedimiento.
No tuvo en cuenta las observaciones formuladas por el reclamante, vulnerándose los principios de legalidad y proporcionalidad, así como el derecho de propiedad de la inmobiliaria.
Al no ser un acto terminal, esta resolución no puede ser impugnada por dicha vía, toda vez que no falla el fondo del asunto controvertido, esto es, la existencia o no de una infracción a la normativa ambiental.
La reclamante arguye que la resolución que impugna, vulnera los derechos de los pueblos indígenas garantizados en tratados internacionales sobre DD.HH, que imponen la exigencia mínima de consulta en el caso que la implementación de un proyecto pueda afectar tierra y recursos naturales de propiedad indígena.
Cabe recordar que las reclamaciones fueron rechazadas, porque, en definitiva, los reclamantes carecían de acción para recurrir ante el Tribunal Ambiental.
