La recurrente señala que la Ley N° 18.965 no contempla la hipótesis de la renuncia a la titularidad de un cargo, antes de la sentencia definitiva que resuelve el requerimiento de remoción, y de conformidad con el principio de legalidad, no es posible que por “analogía” se pretenda hacer extensiva una sanción a quien ha renunciado a su cargo o función, invocando la causal de la letra d) del artículo 60 de la LOC de Municipalidades.

Los recurrentes señalaron que denuncian el intento de fraude procesal de la contraparte, ya que, uno de los reclamantes no sería parte de la organización reclamada y que no ha manifestado su decisión de seguir en la organización deportiva.

Los reclamantes alegaron que el proceso careció de las facilidades y prestaciones que sí existieron en los procesos anteriores, por ejemplo, no se dispuso de servicio de movilización de acercamiento por parte del Estado.

El recurso arguye que Gendarmería de Chile, como servicio público centralizado, tiene legitimidad activa, pues se trata de un organismo estatal que goza de capacidad procesal en razón de la facultad para administrar los bienes y recursos de la institución, velando por su buen uso y su conservación.

La resolución impugnada señala que, atendido que el requerimiento de formula sólo por tres concejales, de lo que se infiere que no cumple con el quórum mínimo que exige el inciso 4 del artículo 60 de la LOC de Municipalidades.

La sentencia señala que, en virtud de la autonomía que el legislador ha reconocido a los partidos políticos, ha previsto la impugnación de sus decisiones internas ante este Tribunal sólo en algunas materias de particular interés público.

La sentencia de TER señaló que, de los antecedentes allegados, no consta que el requerido haya ejercido un empleo en la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor.

Se dará prioridad a la tramitación electrónica de las solicitudes.

Los reclamantes arguyen que en el fallo impugnado el tribunal establece que los montos gastados en forma ilegal por el alcalde son de poca entidad, que no afectaron al patrimonio de la municipalidad.

La sentencia señala que serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones, las resoluciones del tribunal supremo referidas a reclamaciones de nulidad o rectificación de escrutinios de las elecciones de los órganos señalados en el artículo 25.