Los hechos que se han tenido por acreditados dan cuenta de una gestión desprolija, por parte del Alcalde, en cuanto a los resguardos y cuidados que deben adoptarse en la administración de fondos públicos.

El Acuerdo referido atenta contra la certeza jurídica de los procedimientos electorales, implementando nuevas normas que nada dicen con respecto a la resolución emitida por este mismo Tribunal.

Los recurrentes alegan que, la petición concreta que se realizó por parte de los reclamantes se refiere a que se anule una asamblea realizada con feche 11 de enero de 2020, pero siendo presentada su reclamación con fecha 25 de marzo de 2020.