Es doctrina constitucional reiterada que la garantía de información y acceso a las actuaciones, constituye un derecho no susceptible de restricción temporal por la declaración de secreto sumarial, como sí pueden serlo otros aspectos del derecho de defensa. Lo es también que el acceso al núcleo esencial de las actuaciones constituye una exigencia constitucional de los incidentes relativos a la privación cautelar de libertad, en tanto que condición de la necesaria igualdad de armas.

La limitación del plazo máximo de duración de la medida de prisión preventiva encuentra su último fundamento en la seguridad jurídica de los ciudadanos, que con la previsión legal tienen la posibilidad de conocer hasta qué momento puede durar la restricción de su derecho fundamental a la libertad en virtud de la medida cautelar.

La norma prevé una medida limitada en cuanto a su ámbito de aplicación subjetivo y objetivo, que ni tiene por objeto una regulación directa y general del derecho de propiedad, ni afecta, por ello, a su contenido esencial.

Esta exigencia rige también en otros tribunales, tales como, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y en primera instancia en el Tribunal General (TGUE) y la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Las resoluciones judiciales impugnadas han limitado proporcionadamente el ejercicio de los derechos de la recurrente. Motivaron la razón del ingreso obligatorio, apoyado en el bien constitucionalmente legítimo de proteger la vida y la salud del lactante.

Estos contratos están sujetos a la autonomía de la voluntad y al principio de libertad de pactos, en los términos previstos en el Código Civil. En consecuencia, el respeto al principio de libertad de fijación de la renta forma parte de las bases de las obligaciones contractuales.

No tendría sentido que la instalación de un sistema de seguridad en la empresa pudiera ser útil para verificar la comisión de infracciones por parte de terceros y, sin embargo, no pudiera utilizarse para la detección y sanción de conductas ilícitas cometidas en el seno de la propia empresa.

La información que ofrece el enlace causa un perjuicio considerable al afectado, por ser obsoleta. Además, los autores no aportan documentación que acredite lo que informan, lo que sitúa al afectado en un plano de indefensión.

La inadecuación de una norma local que excede sus competencias es inconstitucional, en la medida que colisione con normas estatales que regulan una misma materia.

El emplazamiento de los demandados es un trámite esencial dentro de cualquier procedimiento judicial, por lo que es deber de los órganos judiciales agotar las instancias para garantizarlo.