No aplicar el beneficio tributario constituye una vulneración a la igualdad ante la ley y al derecho a tutela efectiva, pues el tribunal no ponderó la convivencia estable que lograron acreditar en la instancia.

La suspensión de la pena no puede quedar condicionada al pago de una condena civil si no hay capacidad real para afrontar ese pago.

Los hechos denunciados y las circunstancias que los rodean, ameritan una exhaustiva investigación judicial.

El principio pro actione impide que interpretaciones y aplicaciones de los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca o resuelva la pretensión a él sometida.

Obligar a un detenido a desnudarse puede llegar a acarrear un sufrimiento de especial intensidad o provocar una humillación que constituya un trato vejatorio y degradante.

La sentencia del Tribunal Constitucional sostuvo que los tribunales inferiores que aplicaron las penas previamente descritas no vulneraron el principio de legalidad penal, al entender que la providencia dictada por la Magistratura Constitucional posee la naturaleza propia de una “resolución judicial”, la cual tiene carácter ejecutivo.

Las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas en materia de medidas sanitarias, deben ser revisadas en sede de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Los preámbulos de las leyes al carecer de valor normativo no pueden ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad.

Los recurrentes alegan que la ley incorpora en el currículo obligatorio una doctrina estatal cuyo objetivo es adoctrinar a los niños, niñas y adolescentes.

La vacunación obligatoria implica una intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano.