La Magistratura constitucional española adujo que resulta particularmente importante que el empleador respete el derecho a los ajustes razonables en el caso las personas con discapacidad mental, por causas psíquicas, intelectuales o cognitivas, al tratarse de formas de discapacidad que todavía siguen rodeadas de mitos, miedos y estereotipos que hacen que quienes las padecen sean especialmente vulnerables.

La Magistratura constitucional española explicó que ambos tribunales ordinarios han resuelto en función de argumentos que o bien son contrarios al contenido propio de la garantía de no autoincriminación, o bien, reflejan un examen insuficiente de la cuestión constitucional que dicha garantía plantea.

La recurrente no formalizó su vínculo matrimonial ni su relación de hecho en conformidad a las fórmulas que ofrece la legislación española.

El jurista fue asesinado por la banda terrorista ETA en 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, a los 63 años de edad.

Al respecto, la Magistratura constitucional española adujo que no concurre una forma de discriminación directa de la etnia gitana, sino la consecuencia ordinaria de la propia decisión personal, libre y voluntaria de no acceder a alguna de aquellas fórmulas de constitución en Derecho para establecer el vínculo.

Las facultades sancionadoras que la LOREG entrega a la Junta Electoral se encuentran en conformidad al derecho a la legalidad sancionadora asegurado en el artículo 25.1 de la Constitución Española.

Al respecto, la Magistratura constitucional española adujo que la cuestión que debía resolverse en este supuesto no era tanto si el cambio de apellidos era perjudicial para la hija común, como si, partiendo de que ostentaba como primero desde su nacimiento, el apellido de la madre, le era más beneficiosa una alteración de este orden.

Al respecto, la Magistratura constitucional española resolvió acoger el recurso de amparo interpuesto por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y en su virtud, declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la igualdad, en relación con su derecho fundamental a la creación de centros docentes.

El recurso tenía por objeto el enjuiciamiento de las denunciadas vulneraciones de las libertades de expresión e ideológica del recurrente en el marco de un proceso penal en el que fue condenado por delito de ultraje a la bandera. En concreto, las expresiones que determinaron la condena eran “Aquí tenéis el silencio de la puta bandera” y “hay que prenderle fuego a la puta bandera”.

Joaquim Torra, fue condenado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por un delito de desobediencia y confirmada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en sentencia de 28 de septiembre de 2020.